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La democracia está de luto

PorPedro Mendoza

agosto 11, 2025
La noticia de su muerte ha conmocionado al país y ha reavivado el debate sobre la seguridad de los líderes políticos en Colombia
  • El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada de este lunes a la 1:56 a.m. en Bogotá, tras haber sido víctima de un atentado sicarial ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón.

Su muerte representa una pérdida significativa en el ámbito político del país y ha generado una ola de reacciones en diversos sectores.

El ataque se produjo durante un encuentro político en un parque de la zona, donde Uribe Turbay fue sorprendido por disparos que le causaron graves heridas. Inmediatamente después del atentado, fue trasladado a un centro asistencial cercano, pero debido a la gravedad de sus lesiones, fue remitido a la Fundación Santa Fe, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) recibiendo atención médica especializada.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico, que trabajó incansablemente para estabilizar su condición, el senador sufrió un agravamiento de su estado de salud debido a un sangrado intracraneal, lo que finalmente llevó a su deceso. Uribe Turbay había recibido tres impactos de bala: uno en la pierna izquierda, a la altura de la rodilla, y dos en la cabeza.

La noticia de su muerte ha conmocionado al país y ha reavivado el debate sobre la seguridad de los líderes políticos en Colombia. La investigación sobre el atentado sigue en curso, y se han reportado avances significativos, incluyendo la captura de un sospechoso vinculado al ataque.

 

Segun el diario El Espectador, la linea de tiempo del ataque sicarial, se resume asi. 

El hecho ocurrió el sábado 7 de junio a las 5:30 p.m. en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, Bogotá, durante un acto de campaña presidencial del representante del Centro Democrático. Uribe Turbay fue alcanzado por tres disparos de gravedad, tras una ráfaga de ocho proyectiles disparados por un joven de 15 años, quien fue capturado inmediatamente por los escoltas del senador tras una breve persecución.

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El menor, quien utilizó una pistola Glock calibre 9 milímetros, fue trasladado a un centro médico por heridas sufridas en el forcejeo. Tras estabilizarse, fue presentado ante un juez de la Justicia Penal Militar Especializada en Infancia y Adolescencia, quien legalizó su captura y ordenó su internamiento en el búnker de la Fiscalía, donde cumple medida de aseguramiento.

Desde entonces, la investigación ha avanzado con pasos firmes. A la fecha, seis personas han sido capturadas, entre ellas un segundo menor, y todas enfrentan cargos por tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso de menores en la comisión de delitos.

La Fiscalía reveló que el ataque no fue un acto aislado, sino el resultado de una planeación meticulosa. Los investigadores han revisado cientos de horas de video de cámaras de seguridad y realizado más de 30 entrevistas, lo que permitió reconstruir el modus operandi del grupo.

 

Uno de los primeros detenidos fue Carlos Eduardo Mora González, capturado el 12 de junio. Según la Fiscalía, Mora habría realizado reconocimiento del terreno días antes del atentado y estuvo en el vehículo desde donde el menor descendió minutos antes del ataque. Allí, se habría producido el cambio de ropa y la entrega del arma.

El 14 de junio, en Florencia (Caquetá), fue capturada Katerine Andrea Martínez Martínez, quien según las autoridades habría estado a bordo del automóvil Spark gris desde donde se entregó el arma al adolescente. Martínez fue imputada por los mismos delitos que los demás implicados.

Días después, el 19 de junio, fue detenido William Fernando González Cruz, quien habría participado en la coordinación logística del ataque. Su captura reforzó la hipótesis de que se trató de un crimen organizado, no de un acto impulsivo.

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El cerebro logístico: el “Costeño”.

El giro más significativo en la investigación llegó con la identificación de José Élder Arteaga Hernández, alias “Costeño” o “Chip”i, señalado como el cerebro logístico del operativo criminal. Arteaga habría sido el encargado de contactar, coordinar y movilizar a los demás implicados.

Tras una intensa búsqueda, fue capturado el 5 de julio en Engativá, un día después de que Interpol emitiera una circular roja en su contra. La Fiscalía ofrecía una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que condujera a su captura. Fue imputado por múltiples delitos, incluyendo ocultamiento y alteración de elementos de prueba, lo que sugiere que el arma y las balas utilizadas fueron manipuladas para dificultar su rastreo.

El 18 de julio, Cristian Camilo González Ardila se entregó a las autoridades y fue imputado por los mismos delitos. Aunque no aceptó cargos, fue enviado a prisión. Un día después, el 25 de julio, un menor de 17 años también se presentó ante la Fiscalía y aceptó colaborar a cambio de un acuerdo de oportunidad, admitiendo su participación en reuniones previas al atentado.

Sin embargo, el caso dio un giro dramático el 29 de julio, cuando la Procuraduría General de la Nación confirmó que este menor de 17 años “evadió” el centro de emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el que estaba bajo protección. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que ha generado alertas sobre posibles riesgos para la integridad de la investigación.

El  menor de 15 años fue acusado formalmente ante un juez especializado. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y tráfico de armas de fuego, en una audiencia que marcó el inicio de su proceso bajo el Código de Infancia y Adolescencia.

Aunque las autoridades aún no han revelado quién estaría detrás del autor intelectual del crimen, el caso ha sido calificado como un crimen político. Las investigaciones continúan enfocadas en determinar los motivos detrás del ataque y si existen vínculos con estructuras criminales o intereses políticos de fondo.

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