Una escalada de tensiones con la administración Trump culmina con la sanción financiera a la cúpula del ejecutivo colombiano. La designación, , congela activos y restringe transacciones por supuestos vínculos con el narcotráfico internacional.
En un movimiento que rompe todos los precedentes en la diplomacia hemisférica, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha formalizado la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, en su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), conocida popularmente como la “Lista Clinton”.
La designación, anunciada este viernes tras una intensa semana de cruces verbales con el presidente Donald Trump, se extiende a su círculo más íntimo: la primera dama, Verónica del Socorro Alcocer García; su hijo, Nicolás Fernando Petro Burgos; y el ministro del Interior, Armando Alberto Benedetti Villaneda.
La acción del Tesoro de EE. UU. constituye la sanción financiera y diplomática más severa que Washington puede imponer a un jefe de Estado de una nación aliada, llevando las relaciones bilaterales a un punto de quiebre absoluto.
Según los registros del Departamento del Tesoro, los cuatro individuos han sido sancionados en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, la cual apunta a quienes participan o facilitan operaciones financieras derivadas del narcotráfico internacional.
La designación implica la congelación inmediata de todos los activos, cuentas bancarias y propiedades que los sancionados posean directa o indirectamente bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir a ciudadanos y empresas de EE. UU. realizar cualquier tipo de transacción con ellos.
Las razones esgrimidas por el Tesoro, según informes de prensa especializados y comunicados no oficiales, apuntan a:
- Gustavo Petro Urrego: Supuesta contribución material al incremento del tráfico internacional de drogas ilícitas, una acusación que se enmarca en la crítica de Washington a la política antidrogas del actual gobierno colombiano y a la explosión de los cultivos de cocaína.
- Nicolás Petro Burgos: Se menciona su proceso legal interno en Colombia, en el que admitió haber recibido fondos de personas vinculadas al narcotráfico y a paramilitares, recursos que habrían influido en la campaña presidencial.
- Verónica Alcocer García y Armando Benedetti Villaneda: Presunta participación en el esquema de financiación irregular de campañas y su cercanía con el mandatario en el manejo de fondos cuestionados.
Las reacciones desde Bogotá fueron inmediatas y de confrontación. El presidente Petro, visiblemente afectado por la designación, se pronunció a través de sus canales digitales confirmando la noticia y señalando directamente la causa de la escalada.
“Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió: yo, mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC,” declaró el mandatario.
El presidente calificó la medida como una “paradoja”, dado su historial de lucha contra las estructuras de narcotráfico desde su vida política. No obstante, adoptó una postura desafiante, concluyendo: “Ni un paso atrás y jamás de rodillas.”
Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente @petrogustavo no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. En este país nadie se cree el…
— Armando Benedetti (@AABenedetti) October 24, 2025
Acto seguido, el jefe de Estado anunció el nombre del abogado que lo representará legalmente en la jurisdicción estadounidense para buscar la deslistación: Dany Kovalik. Kovalik, conocido por su experiencia en derecho internacional y defensa de causas progresistas, asume la monumental tarea de desafiar una decisión del Departamento del Tesoro contra un presidente en ejercicio.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también arremetió contra la medida, calificándola de injusta y negando cualquier vínculo con el narcotráfico.
La inclusión de Petro, Alcocer, Petro Burgos y Benedetti en la lista SDN transforma la crisis política en una crisis de Estado con repercusiones globales. La batalla legal de Dany Kovalik en EE. UU. y la respuesta geopolítica de la comunidad internacional serán los próximos capítulos de esta fractura sin precedentes en el hemisferio occidental.