En una tarde cargada de memoria y simbolismo, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá fue el escenario donde Jacqueline Castillo recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia 2025, en la categoría Defensora del año.
El jurado la eligió por ser “una persona que, por su trabajo desarrollado en el último año, es testimonio significativo de la defensa de los derechos humanos en el país”.
El reconocimiento no solo honra su activismo reciente, sino también una trayectoria marcada por el dolor, la resistencia y la convicción. Jacqueline se ha convertido en uno de los rostros más visibles en la lucha contra la impunidad de los llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales en las que civiles fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate. Su historia comenzó en 2008, cuando su hermano Jaime Castillo fue asesinado en circunstancias que luego se revelarían como parte de ese patrón criminal.
Aquel crimen fue el punto de quiebre. Al descubrir que otras madres de Soacha vivían el mismo drama, Jacqueline comprendió que no se trataba de un caso aislado. “Nos dimos cuenta de que había un patrón”, recuerda. Jóvenes humildes eran engañados con promesas de empleo y luego aparecían asesinados, vestidos con uniformes militares. De esa indignación nació MAFAPO, la Fundación Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá, un colectivo que convirtió el duelo en acción y la denuncia en símbolo de dignidad.
Desde entonces, su voz ha resonado en plazas públicas, oficinas estatales y escenarios internacionales. Con pañuelos blancos y pancartas, ha exigido justicia en nombre de cientos de familias. Ha enfrentado amenazas, indiferencia institucional y campañas de desprestigio, pero nunca ha cedido. “Lo más difícil no ha sido solo el miedo, sino la indiferencia”, afirma con serenidad, pero con firmeza en un despacho de prensa de Comunicaciones Diakonía.
Su testimonio ha sido clave en audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde ha narrado con crudeza lo vivido por las víctimas. El premio llega en un momento simbólico: justo cuando la JEP ha comenzado a imponer sanciones propias contra militares involucrados en estas ejecuciones. Para Jacqueline, cada avance judicial representa una victoria moral. “La justicia transicional no nos devuelve a nuestros hijos ni a nuestros hermanos, pero sí deja claro que esto fue un crimen de Estado”, sostiene.
Más allá de los tribunales, su lucha también es por la memoria. Ha participado en actos simbólicos, procesos de reparación y actividades pedagógicas para que las nuevas generaciones comprendan lo que significan los falsos positivos. “Nuestra mayor victoria será cuando en Colombia se enseñe que esto ocurrió, para que nadie vuelva a decir que no sabía”, subraya.
El galardón que recibe no solo reconoce su trabajo, sino que reafirma la necesidad de seguir escuchando a quienes, como Jacqueline, han hecho de la verdad y la dignidad una causa de vida.