Colombia aspira a consolidar un clúster regional de movilidad eléctrica, sustentando la transformación tecnológica en capacidades productivas propias en lugar de una dependencia exclusiva de la importación.
Mediante el Decreto 1294 de 2025, ha establecido un arancel del 10 % a la importación de determinadas categorías de buses eléctricos. La medida, lejos de interpretarse como un freno a la transición energética, se presenta como un esfuerzo deliberado y estratégico para consolidar la capacidad productiva nacional en el sector de la electromovilidad.
La decisión gubernamental se cimienta en una premisa fundamental de la política industrial moderna: cuando existe una base instalada robusta y con potencial de crecimiento, la intervención pública debe orientarse a escalarla hacia la sostenibilidad y la competitividad global.
Colombia ostenta hoy la distinción de ser el único país en América del Sur que ensambla buses biarticulados eléctricos, demostrando un aprendizaje tecnológico significativo y una creciente integración de componentes de origen nacional.
La industria local ha reportado una capacidad de producción que alcanza las 1.500 unidades anuales, con un plan de ampliación potencial a 3.000 unidades mediante nuevas inversiones. Este dinamismo ha sido posible gracias a la articulación de un ecosistema que involucra a 47 proveedores directos y 280 indirectos, generando más de 13.000 empleos en áreas críticas como manufactura, ingeniería, sistemas eléctricos, y desarrollo de carrocerías y soluciones tecnológicas propias.
El país posee, por tanto, la estructura industrial necesaria para autoabastecer la demanda interna y, simultáneamente, proyectar una oferta con vocación exportadora hacia los mercados regionales que se sumergen en la transición tecnológica limpia.
Para la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Morales, la transición energética adquiere sentido económico cuando se convierte en capacidad productiva. “Colombia ya demostró que puede producir y abastecer su propia demanda, y que puede proyectar una oferta competitiva hacia la región. Proteger y expandir esa capacidad no es un gesto defensivo, es una decisión estratégica: es asegurar que el cambio tecnológico se traduzca en industria, empleo calificado y competitividad real para el país”.
¡Proximamente! El @MincomercioCo presentará el Informe de #RendiciónDeCuentasMinCIT2025, un ejercicio fundamental de transparencia, participación ciudadana y control social.
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— MinComercio Colombia (@MincomercioCo) December 9, 2025
El Arancel del 10 % (diez por ciento) reafirma que esta capacidad industrial es un activo estratégico en el proceso de reindustrialización y en la vanguardia de la transición energética.
Bajo este enfoque, Colombia aspira a consolidar un clúster regional de movilidad eléctrica, sustentando la transformación tecnológica en capacidades productivas propias en lugar de una dependencia exclusiva de la importación.
Con esta acción, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ratifica una política industrial coherente, orientada a la expansión productiva, la modernización estructural y la promoción de una movilidad limpia que nace y se desarrolla desde el tejido empresarial y tecnológico de Colombia.