El incremento del 23 % en el salario mínimo, decretado unilateralmente por el Ejecutivo, ha encendido las alarmas en los círculos de análisis técnico. Desde una perspectiva estrictamente macroeconómica, un ajuste de tal magnitud sin el respaldo de un consenso productivo corre el riesgo de ser contraproducente.
La principal preocupación radica en la reacción del Banco de la República; si la autoridad monetaria percibe que este aumento dispara la inflación de demanda, la respuesta inevitable será un endurecimiento de la política monetaria.
Un alza en las tasas de interés elevaría el costo del crédito, asfixiando financieramente a las mismas micro, pequeñas y medianas empresas que la acción de tutela de Alejandro Linares intenta proteger.
El fin de la vacancia judicial ha activado uno de los expedientes con mas proyección social, política y económica. La acción de tutela liderada por el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, que busca derribar el decreto gubernamental que fijó el aumento del salario mínimo para 2026 en un histórico y polémico 23%.
La acción judicial, revelada por el portal especializado Valora Analitik, no es un simple recurso procesal; es un cuestionamiento directo a la metodología de gobernanza del presidente Gustavo Petro. Linares, cuya estatura jurídica es indiscutible en el país, sostiene que el Ejecutivo incurrió en una vulneración sistemática del debido proceso al ignorar el mandato de concertación tripartita (Gobierno, empresarios y centrales obreras).
El núcleo del argumento de Linares reside en la omisión de un consenso real, señalando a las carteras de Hacienda, Trabajo y a la propia Presidencia como responsables de fracturar el espíritu del artículo 56 de la Constitución. No obstante, el elemento de mayor presión es la solicitud de una medida provisional. El exmagistrado exige que el decreto quede sin efectos de inmediato, advirtiendo que el incremento genera una distorsión insostenible en las estructuras de costos de las MiPymes, amenazando con una destrucción masiva del empleo formal.
Desde el Palacio de Nariño, la respuesta no se ha hecho esperar. El presidente Petro ha elevado la apuesta, trasladando el debate de los tribunales a las plazas públicas. A través de una narrativa de confrontación, el mandatario ha invocado el concepto de “Salario Vital”, una tesis que busca anclar el ingreso mínimo a la canasta básica del DANE para evitar que las familias caigan bajo la línea de pobreza.
Petro defiende la cifra de $2 millones de pesos mensuales bajo un cálculo sociodemográfico: la canasta mínima vital dividida por el promedio de trabajadores por núcleo familiar. Para el mandatario, esta es una deuda histórica de la Constitución de 1991 que ha sido ignorada por 35 años. Además, el Ejecutivo esgrime una defensa económica audaz: asegura que, pese a los incrementos previos, los costos al productor cayeron un 2,6% en 2025, lo que —según su visión— desvirtúa la teoría de la espiral inflacionaria por vía de salarios.
¡ATENCION! abejas trabajadoras: alistarse para salir a las calles
Mañana empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el poder judicial para derribar el decreto de salario vital y el decreto que le hace pagar impuestos a…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 13, 2026
La relevancia de este conflicto trasciende el año 2026. El presidente ha anunciado su intención de radicar un proyecto de ley para institucionalizar el “Salario Vital y Familiar” como política de Estado permanente. Sin embargo, el matiz político más agudo radica en su advertencia final: de no ser tramitada esta reforma por el Congreso, el mandatario ha dejado entrever que será uno de los ejes centrales de una eventual Asamblea Nacional Constituyente.
En el tablero político, nos encontramos ante una “constitucionalización” de la economía sin precedentes. La judicialización de la fijación del salario mínimo obliga a la rama judicial a abandonar su tradicional periferia técnica para convertirse en un árbitro macroeconómico de última instancia. Este rol, que los magistrados han procurado eludir históricamente para no invadir las competencias del Ejecutivo, se vuelve hoy una pieza central ante la parálisis del diálogo entre el Gobierno y el Legislativo.
La justicia no solo deberá evaluar la legalidad del procedimiento, sino también sopesar las consecuencias sistémicas de un decreto que fractura la tradición de concertación nacional. El país queda a la espera del pronunciamiento del juez de tutela, una decisión que marcará el rumbo de la inversión extranjera y la estabilidad del mercado laboral en el mediano plazo.