- La Corte Constitucional de Colombia enfrenta un nuevo capítulo crucial en el debate sobre la reforma pensional, una de las iniciativas más polémicas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Una nueva ponencia presentada ante la Corte sugiere hundir completamente la ley debido a vicios de trámite que habrían ocurrido durante su aprobación en el Congreso informó, Valora Analitik
Según información obtenida por W Radio, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez ha elaborado un proyecto de fallo que propone declarar la nulidad total de la reforma pensional, argumentando que los errores identificados son “insubsanables”. El ponente reafirma su posición de que estas irregularidades deben llevar a declarar la inexequibilidad absoluta de la norma, sin posibilidad de diferimiento o corrección posterior. Esto significa que no se contemplaría devolver el proyecto al Congreso para ajustes ni otorgar tiempo para presentar una nueva iniciativa.
Para leer y complementar. Conversaciones pendientes sobre la reforma pensional
Contexto Político y Legal
La discusión sobre la legalidad de la reforma pensional ha cobrado fuerza en los últimos meses, especialmente tras la captura del expresidente del Senado, Iván Name, y del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Ambos excongresistas son investigados por presuntos pagos recibidos a cambio de impulsar proyectos del Gobierno nacional, entre ellos, la reforma pensional. Según las investigaciones, estos recursos habrían provenido del escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En este contexto, el magistrado Ibáñez solicitó a la Fiscalía de la Corte Suprema copias de varios testimonios relacionados con esta investigación, buscando obtener mayores elementos de juicio sobre el proceso legislativo que dio origen a la reforma. Esta solicitud refuerza la preocupación sobre la transparencia y legitimidad del trámite de la ley.

Impacto de una Posible Caída de la Reforma
Más allá de las dudas legales, los efectos de una posible caída de la reforma ya comienzan a sentirse. La entrada en vigencia de la norma está prevista para el 1 de julio de 2025, lo que deja solo semanas para implementarla. Sin embargo, el gobierno ha avanzado en la expedición de varios decretos reglamentarios para dar forma a la reforma, incluso antes de que la Corte Constitucional emita una decisión definitiva.
Uno de los cambios más relevantes es la creación del modelo de Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI), que afectará a los trabajadores que ganen más de 2,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV). Este mecanismo busca diversificar las opciones de ahorro para los colombianos, pero su viabilidad depende directamente de la validez de la reforma.
La situación plantea tensiones significativas tanto en términos políticos como económicos. Por un lado, el gobierno ha invertido esfuerzos importantes en la implementación de la reforma, considerada clave para modernizar el sistema pensional del país. Por otro, las demandas de inconstitucionalidad y las revelaciones sobre presuntas irregularidades en el proceso legislativo han erosionado la confianza en la norma.
Si la Corte Constitucional declara la nulidad total de la reforma, el impacto será inmediato y profundo. No solo se detendría la implementación de los cambios planeados, sino que también se abriría un vacío legal que podría complicar aún más el sistema pensional actual. Además, el caso podría desencadenar nuevas investigaciones sobre la actuación de otros actores involucrados en el proceso legislativo.
La reforma pensional se encuentra en un momento crítico, con la Corte Constitucional enfrentando decisiones que podrían marcar un punto de inflexión en su futuro.
Mientras el gobierno avanza en la implementación de medidas reglamentarias, las dudas sobre la legalidad y legitimidad de la ley persisten, alimentadas por investigaciones de corrupción y vicios de trámite. Con tan solo semanas para su entrada en vigencia, la incertidumbre aumenta, dejando en suspenso uno de los pilares centrales de la agenda social del gobierno de Gustavo Petro.