La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) expresó su preocupación frente al proyecto de decreto del Gobierno Nacional que busca aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a todas las transacciones realizadas mediante instrumentos de pago electrónico en comercios.
Hasta ahora, esta retención solo se aplicaba a pagos con tarjetas de crédito y débito.
La medida, según el Ministerio de Hacienda, pretende “nivelar la cancha” entre medios de pago y garantizar trazabilidad tributaria. Sin embargo, gremios y expertos advierten que el efecto podría ser el contrario: fomentar el uso del efectivo, aumentar la informalidad y desincentivar la digitalización, justo cuando el país ha logrado avances significativos en inclusión financiera. “El efectivo no tiene retención de ninguna clase, lo que generaría que los colombianos sigan prefiriendo este medio”, alertó Asobancaria.
Golpe al sistema Bre-B
El anuncio llega apenas dos semanas después del lanzamiento de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República que permite transferencias gratuitas, interoperables y disponibles 24/7. Bre-B es la gran apuesta para reducir el uso del efectivo y masificar los pagos digitales: en menos de un mes, 32 millones de llaves han sido registradas por usuarios y comercios, según cifras oficiales.
Precisiones sobre el proyecto de decreto (PD) que busca equiparar la Retención en la fuente de los pagos electrónicos y los pagos con tarjeta.
1. El PD se encuentra en proceso de publicación para comentarios y observaciones del público en general.
2. El proyecto propone…
— MinHacienda (@MinHacienda) October 23, 2025
El gremio advierte que la retención del 1,5 % “va en contravía de todo el trabajo que ha hecho el sistema financiero para reducir el sobreuso del efectivo, aumentar la digitalización e incrementar la inclusión financiera y crediticia”. Expertos consultados por Portafolio y La FM coinciden: gravar las transacciones digitales podría replicar los efectos del antiguo impuesto 4×1000, que en su momento desincentivó el uso del sistema financiero formal.
Aunque el Gobierno insiste en que no se trata de un nuevo impuesto sino de un ajuste normativo, analistas señalan que el costo adicional afectará especialmente a pequeños negocios con márgenes reducidos. “En negocios con utilidades del 3 % al 7 %, ese descuento puede ser insostenible”, advierte Mauricio Jaramillo, consultor en TIC.
La propuesta se encuentra en etapa de comentarios y podría firmarse este viernes 25 de octubre. De aprobarse, bancos, pasarelas de pago y plataformas como Nequi, Daviplata y Bre-B deberán aplicar la retención en tiempo real, lo que implicará costos operativos adicionales y ajustes tecnológicos

