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Seguridad energética en Colombia al límite: cómo equilibrar la transición energética

PorPedro Mendoza

noviembre 19, 2026
Las estimaciones apuntan a que el país ya importa gasolina y que hacia 2027 entraría a importar diésel para consumo vehicular.

Mientras el país pierde su autosuficiencia y cubre cerca del 40 % de su demanda de gas natural con importaciones, la falta de almacenamiento estratégico, la presión del fenómeno de El Niño 2026-2027 obliga a replantear la exploración de hidrocarburos y la infraestructura eléctrica.

En el primer dia del Congreso Nacional de Estaciones de Servicio que se desarrolla en Cartagena, la vulnerabilidad energética de Colombia quedó expuesta durante el panel «Almacenamiento estratégico: una garantía para la continuidad del abastecimiento de combustibles».

En el encuentro, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta y el director de Hidrocarburos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Karol Enrique Cifuentes Thorrens, presentaron un diagnóstico técnico sobre la estrechez de los inventarios locales, la pérdida del autoabastecimiento y el impacto de las tensiones geopolíticas sobre las tarifas que pagan industrias y hogares.

Colombia carece hoy de una reserva estratégica estatal de combustibles líquidos. Según detalló Cifuentes Thorrens, los inventarios disponibles corresponden únicamente al volumen operativo que manejan los comercializadores en las estaciones de servicio y los grandes distribuidores bajo un esquema de reparto diario. En la práctica, esta logística otorga al país una autonomía de apenas dos a tres días ante cualquier interrupción en la cadena de suministro.

Este margen operativo ocurre en paralelo con el deterioro estructural de la balanza gasífera nacional. El país transitó de la autosuficiencia a depender de compras externas para cubrir cerca del 40 % de su abastecimiento de gas natural. Las cifras oficiales respaldan la magnitud del retroceso.

De acuerdo con el Informe de Recursos y Reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entre 2018 y 2025 Colombia perdió el 54,6 % de sus reservas probadas de gas natural, manteniendo una relación reservas-producción de apenas 5,9 años únicamente por efecto de una menor extracción.
Este declive local disparó la dependencia externa: según el reporte InfoGas 2026 de Promigas, los volúmenes importados y regasificados en la terminal SPEC LNG (en Cartagena) saltaron de un promedio de 5 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) en 2021 a 174 MPCD en 2025, mientras que un estudio de Andesco y el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) proyecta que la probabilidad de déficit mensual escalará del 39 % en 2026 al 58 % en 2027.
En consecuencia, el encarecimiento de la molécula importada —contratada en niveles cercanos a los 25 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica)— ya golpea las finanzas del sector productivo, llevando a compañías como Cerro Matoso a reportar pérdidas estimadas en 50 millones de dólares y el apagado de líneas de producción por restricciones de suministro.
En el encuentro, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta y el director de Hidrocarburos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Karol Enrique Cifuentes Thorrens,Foto Cortesía.

A esta estrechez interna se suman choques externos: bloqueos logísticos en el estrecho de Ormuz, ataques a refinerías y una demanda global al alza impulsada por el consumo eléctrico de los centros de datos (data centers) y la inteligencia artificial, un requerimiento energético continuo que las fuentes renovables no convencionales (solar y eólica) aún no logran suplir por sí solas.

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La pérdida del autoabastecimiento de gas cobra mayor gravedad ante la evolución del fenómeno de El Niño 2026-2027, cuyos meses más críticos se proyectan entre diciembre de 2026 y enero de 2027, con una posible extensión hasta mayo del próximo año.

El panorama tampoco es holgado en el transporte automotor. Las proyecciones de la UPME indican que Colombia ya importa gasolina para cubrir su demanda interna, ingresará a la importación de diésel vehicular hacia 2027 y, de no revertirse la tendencia exploratoria, importará más del 50 % de la gasolina que consumirá en 2040.
Para  evitar un desabastecimiento en las estaciones de servicio, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta planteó la urgencia de «desactivar el freno de mano» a la industria de hidrocarburos mediante dos decisiones inmediatas: aprovechar la reserva previa de 20 millones de hectáreas en cuencas sedimentarias demarcadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para convocar una primera ronda de oferta de bloques exploratorios, y no descartar el uso de yacimientos no convencionales mediante estimulación hidráulica (fracking —técnica de extracción de gas y petróleo atrapados en rocas profundas mediante la inyección de agua, arena y aditivos a alta presión—)
En medio de los proyectos de ley radicados por el Pacto Histórico desde el 20 de julio para prohibir esta práctica, Acosta sostuvo que las objeciones legislativas se fundamentan en estándares obsoletos —equiparables a un «fracking 1.0»— e ignoran los desarrollos tecnológicos actuales de menor impacto ambiental, a los que denominó «fracking 6.0», advirtiendo además que las restricciones y los altos costos de los energéticos están provocando un retroceso en la transición al empujar a los consumidores de vuelta al GLP, a combustibles líquidos e incluso al carbón.

El exministro advirtió además que las restricciones y los altos precios de los energéticos de transición están provocando un fenómeno regresivo: industrias y consumidores están retornando al gas licuado de petróleo (GLP), a combustibles líquidos e incluso al carbón, lo que representa un retroceso ambiental frente a las metas de descarbonización.

Desde la planeación técnica, la UPME, (Unidad de Planeación Minero Energética),  trazó una hoja de ruta para transformar la lógica exclusivamente comercial del abastecimiento. La entidad identificó 18 zonas o nodos estratégicos en el territorio nacional para construir infraestructura de almacenamiento de combustibles, con el objetivo de ampliar la autonomía del país de los actuales 2 o 3 días a un rango de entre 4 y 30 días.

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En paralelo, Cifuentes Thorrens subrayó que la transición hacia la movilidad eléctrica exige resolver tres desafíos de infraestructura y capacidad eléctrica, en línea con el informe de proyección de demanda eléctrica publicado por la entidad en julio,

Carga domiciliaria: Facilitar la conexión y recarga de vehículos directamente en las viviendas. Propiedad horizontal: Garantizar disponibilidad y respaldo eléctrico suficiente en edificios y conjuntos residenciales donde coincidan varios vehículos cargándose de forma simultá. Electrolineras públicas: Consolidar la red de carga abierta para respaldar el crecimiento del parque automotor elé

Así, el debate abierto en el panel deja sobre la mesa una pregunta de fondo para la política pública: cómo equilibrar la transición energética y los límites ambientales con la necesidad inmediata de ampliar reservas, fortalecer el almacenamiento y evitar que el país enfrente facturas más altas y mayor vulnerabilidad externa en su suministro diario.

El consenso técnico del encuentro deja planteada una disyuntiva central para la política pública energética: cómo armonizar los objetivos ambientales de la transición con la necesidad inmediata de reponer reservas, ampliar la capacidad de almacenamiento y blindar al país frente a facturas energéticas más costosas.P

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