- El SARLAFT—Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo— no es simplemente una obligación regulatoria. Es una herramienta crítica para blindar la operación, proteger la reputación y garantizar la sostenibilidad de las empresas de transporte.
No es un trámite, es el motor de transformación en el sector transporte que mueve más que mercancías. Es la economías, conecta regiones, sostiene industrias y, es un indicador del país. Pero también, sin que muchos lo noten, puede convertirse en el canal perfecto para operaciones ilícitas que se cambian entre rutas, manifiestos y contratos. Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, contrabando, tráfico de armas: delitos que no siempre se cometen dentro de la empresa, pero que pueden infiltrarse a través de terceros, clientes o aliados mal evaluados.
Segùn la Supervigilancia el “El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo –SARLAFT–, es el mecanismo que permite a las entidades “(…) prevenir la pérdida o daño que pueden sufrir por su propensión a ser utilizadas (…) como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, por sus clientes o usuarios”.
En el sector del transporte persiste una visión limitada: muchas organizaciones lo ven como un trámite, como una casilla que hay que marcar para evitar sanciones, sin comprender que su verdadero valor está en la capacidad de anticiparse, detectar y neutralizar riesgos antes de que se conviertan en crisis.
La realidad es que el sector transporte, por su naturaleza operativa, su exposición geográfica y su diversidad de actores, es especialmente vulnerable. Y en Colombia, donde la informalidad, la tercerización y las zonas de alto riesgo son parte del día a día, implementar el SARLAFT no es una opción: es una necesidad urgente.
Segùn el ministerio de transporte el año pasado, de las 6.576 empresas habilitadas para la prestación del servicio público de transporte, el 64,2% corresponde a empresas especializadas en transporte de carga (4.221), seguidas por las empresas dedicadas al transporte de pasajeros, que representan el 33,4% (2.194). Las empresas con habilitación mixta, que prestan servicios tanto de carga como de pasajeros, constituyen apenas el 2,5% (161), evidenciando una clara predominancia de la especialización modal en la configuración empresarial del sector.
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— MinTransporte (@MinTransporteCo) September 30, 2025
Esta composición evidencia la orientación del sector hacia el transporte de carga, lo cual puede estar asociado a la demanda creciente de servicios logísticos y al dinamismo del comercio nacional e internacional.Para las empresas del sector transporte es prioritario identificar riesgos antes de que se materialicen. No es exagerado decir que un sistema robusto puede evitar titulares negativos, investigaciones judiciales y la pérdida de confianza por parte de aliados estratégicos. En tiempos donde la transparencia es moneda de cambio, contar con un SARLAFT bien implementado es como tener un escudo que protege cada movimiento.
El SARLAFT bien implementado es otra cosa: es visión estratégica. Es inteligencia operativa. Es reputación blindada.Una empresa de transporte que entiende esto no espera a que la Superintendencia le toque la puerta. Se anticipa. Investiga. Conoce a sus clientes, a sus proveedores, a sus rutas. Y cuando algo no cuadra, no lo ignora: lo reporta, lo detiene, lo transforma.
No implementar el SARLAFT no es ahorrar. Es exponerse. Es abrir la puerta a investigaciones, a bloqueos financieros, a pérdida de contratos. Es permitir que el riesgo se instale en la operación como un virus silencioso. Y lo peor: cuando el escándalo estalla, ya es tarde. Ya no importa si la empresa no sabía. La reputación no se recupera con comunicados. Se construye con prevención”, sostiene un asesor de Risks International,compañía dedicada a las soluciones tecnológicas y servicios de Consultoría para Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos LAFT y antisoborno.
Afirma que el sector transporte colombiano, el SARLAFT ha sido percibido durante años como una exigencia exclusiva para grandes empresas. Sin embargo, esa visión está quedando atrás. “Con la entrada en vigor de la Resolución 2328 de 2025, la Superintendencia de Transporte ha establecido la implementación obligatoria del SARLAFT para una amplia gama de actores del sector, incluyendo empresas de transporte público, concesionarios, operadores portuarios, centros de enseñanza automovilística y más”

Este cambio normativo responde a una realidad ineludible: el transporte es uno de los sectores más expuestos a riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La informalidad persistente, la tercerización de servicios y la operación en zonas geográficas de alto riesgo convierten a muchas empresas en objetivos vulnerables. No se trata de “entrar en el juego”, sino de asumir una responsabilidad crítica para proteger la operación, la reputación y la sostenibilidad del negocio.
El experto agrega que los clientes —especialmente los internacionales— están elevando sus estándares. “Hoy exigen trazabilidad, transparencia y cumplimiento normativo como condiciones mínimas para establecer relaciones comerciales. Las empresas que no se adapten corren el riesgo de quedar excluidas de licitaciones, alianzas estratégicas y acceso a financiamiento. Las empresas que han entendido el verdadero valor del SARLAFT no lo ven como un gasto, sino como una inversión”,
Otro aspecto poco explorado del SARLAFT es su capacidad para generar inteligencia de negocio. Al analizar patrones de comportamiento, perfiles de clientes y zonas geográficas de operación, las empresas pueden anticipar riesgos operativos, identificar oportunidades y ajustar sus estrategias.
“Implementar el SARLAFT no es solo cumplir con la ley. Es entender que, en el transporte, cada movimiento cuenta. Y que la mejor forma de avanzar sin frenos es tener los ojos bien abiertos. Las empresas que lo adopten con convicción, y no solo por obligación, estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos del presente y aprovechar las oportunidades del futuro”, puntualiza el funcionario de Risks International.
En cifras.
Aunque las cifras específicas del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) no son públicas —por tratarse de información interna de las entidades vigiladas— los informes oficiales permiten dimensionar su alcance operativo y normativo.
Según la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), el SARLAFT ha sido objeto de seguimiento intensificado en sectores estratégicos, con énfasis en el cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La Delegatura para Riesgo de LA/FT ha emitido sanciones y recalificaciones a entidades que no cumplen con los estándares exigidos, en el marco de la Circular Externa 017 de 2018.
Por su parte, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) reportó la difusión de 449 productos de inteligencia financiera entre 2019 y 2022, con un valor estimado de $45 billones de pesos. En 2023, la UIAF publicó la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), destacando vulnerabilidades en sectores como organizaciones sin fines de lucro y comercio exterior.
Además, la Superintendencia de Sociedades ha intensificado los requerimientos de cumplimiento y ha incrementado las sanciones administrativas a empresas que incumplen con los protocolos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.