Investigación científica del Instituto SINCHI identifica en Guaviare 68 especies nativas y 53 productos forestales no maderables, activos con capacidad de integración en cadenas de valor de mercados internacionales.
El IDEAM y las autoridades ambientales regionales registraron una pérdida de 16.908 hectáreas de bosque en Guaviare durante 2024. Ante esta cifra, la Gobernación del Guaviare, mediante el Departamento Administrativo de Planeación, presentó a la Asamblea Departamental la Política Pública para el Desarrollo Económico Sostenible (PPDES+B) 2026–2036.
Este documento cuenta con asistencia técnica de Swisscontact y financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo es establecer el departamento como un territorio con deforestación cero y un modelo económico basado en la bioeconomía.
El gobernador Yeison Ferney Rojas Martínez indicó que la meta consiste en alcanzar la deforestación cero al 2036 y articular el crecimiento económico con la biodiversidad. El Guaviare posee una extensión de 53.460 km² y una población de 84.800 habitantes según proyecciones del DANE para 2026. El departamento presenta un índice de pobreza multidimensional superior al 45%. La política propone una transición de actividades extractivas e ilícitas hacia una socio-bioeconomía.
El Instituto SINCHI identificó en la región 68 especies con potencial bioeconómico y 53 productos forestales no maderables para mercados globales. Enrique Maruri, director de Swisscontact Colombia, señaló la convergencia de la cooperación internacional, la ciencia y la política pública en este modelo.
La PPDES+B incluye la meta de deforestación cero al 2036 y la protección de ecosistemas como Chiribiquete y La Lindosa. La ruta contempla la seguridad jurídica sobre la tierra y la inclusión de comunidades campesinas, indígenas (Jiw y Nukak), afrodescendientes y mujeres rurales.
El plan integra la educación para la sostenibilidad, la innovación en cadenas de valor de productos forestales y el turismo de naturaleza. La ejecución se enmarca en la sentencia que reconoce a la Amazonía como sujeto de derechos. La implementación, con una vigencia de 10 años, prioriza el ordenamiento territorial, la formación en agroecología y la trazabilidad de productos. El enfoque se vincula con metas nacionales que estiman un aporte de la economía de la biodiversidad del 3% al PIB y la creación de 500.000 empleos verdes al 2030.
El Instituto SINCHI validó 17 modelos de Sistemas Agroforestales en la zona. Mediante la Ordenanza 574 de 2026, el departamento adoptó esta política para articular el crecimiento económico con la protección de los ecosistemas.