Se aprobara CONPES y se inaugurará el Observatorio Nacional de Inclusión Social y Productiva para Personas con Discapacidad, que servirá como fuente centralizada de datos para la toma de decisiones basadas en evidencia.
El Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), ha marcado un antes y un después en la atención a la población con discapacidad en el país con la aprobación del CONPES 4198: la Nueva Política Nacional de Discapacidad 2026–2035. Con una inversión proyectada de $5,66 billones de pesos para la próxima década, el Estado colombiano materializa su mayor esfuerzo para garantizar el goce efectivo de los derechos de aproximadamente 3 millones de personas, quienes representan el 4% de la población nacional.
Esta estrategia, que sustituye a la política del año 2013 (CONPES 166), no es un documento de escritorio; es un mandato directo del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’.
Según Natalia Irene Molina, directora de Planeación Nacional, el enfoque representa un giro paradigmático: “Pasamos de un modelo que solo asistía, a uno que garantiza derechos reales. Hoy marcamos un hito histórico para devolverle la dignidad y la autonomía a cerca de 3 millones de personas. Nuestra prioridad es la dignidad humana”.
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— Departamento Nacional de Planeación (@DNP_Colombia) June 17, 2026
El CONPES 4198 articula un plan de acción robusto compuesto por 119 acciones sectoriales, las cuales son coordinadas por más de 15 entidades del orden nacional para garantizar su ejecución efectiva. Estas medidas se organizan bajo cuatro objetivos estratégicos fundamentales: el primero se enfoca en el fortalecimiento de la oferta pública, priorizando la salud mental comunitaria, la educación inclusiva, la vivienda accesible y la atención a víctimas. El segundo objetivo impulsa la accesibilidad en sus vertientes física, comunicacional y digital para eliminar barreras en el entorno.
En cuanto a la autonomía económica, el tercer objetivo integra la Ley 2466 de 2025, la cual establece la obligatoriedad para empresas privadas de contratar personas con discapacidad, reforzada por los incentivos para la contratación pública definidos en el Decreto 533 de 2024. Finalmente, el cuarto objetivo se centra en la gobernanza y la participación, buscando fortalecer el Sistema Nacional de Discapacidad (SND) para asegurar que las personas con discapacidad tengan una incidencia real y plena en los procesos de toma de decisiones políticas y sociales del país.
El Gobierno Nacional sostiene que la ambición de esta política está respaldada por indicadores reales. En el ámbito laboral, el sector público ha dado un ejemplo de inclusión, pasando de 2.516 personas con discapacidad vinculadas en 2019 a 17.709 a junio de 2025, aproximándose rápidamente a la meta de 20.000 fijada por el PND.
En primera infancia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reporta la atención de más de 3.900 niñas y niños al cierre de 2025, además de la operación de 29 “Casas Atrapasueños” en 21 departamentos, brindando protección a más de 5.500 niños y adolescentes.
En cuanto a vivienda y salud, el Ministerio de Vivienda integrará criterios de accesibilidad y diseño universal en los proyectos de interés social, otorgando prelación a hogares con integrantes con discapacidad. Por su parte, el Ministerio de Salud intensificará la certificación de discapacidad mediante Equipos Básicos de Salud, garantizando que el alcance sea territorial y extramural.
La implementación de esta política adoptará enfoques transversales de derechos, curso de vida, interseccional, diferencial, territorial, étnico-racial y de género, en estricto cumplimiento de la Convención de la ONU ratificada mediante la Ley 1346 de 2009. Para asegurar su éxito, Planeación Nacional y el Ministerio de Igualdad y Equidad realizarán informes anuales públicos. Asimismo, se inaugurará el Observatorio Nacional de Inclusión Social y Productiva para Personas con Discapacidad, que servirá como fuente centralizada de datos para la toma de decisiones basadas en evidencia.