Durante la 15ª edición del evento Colombia Genera 2026, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, presentó un balance sobre el estado de la industria extractiva y energética del país.
El análisis destaca una contracción en los ingresos fiscales provenientes del sector hidrocarburos y una ventana de riesgo de desabastecimiento eléctrico para el periodo 2028-2029.
De acuerdo con las cifras expuestas por la agremiación, el aporte del sector petrolero a las finanzas públicas nacionales registró una disminución nominal de 25 billones de pesos en un periodo de cuatro años. Mientras que en 2022 el sector tributó y aportó cerca de 52 billones de pesos, la cifra actual se sitúa en aproximadamente 27 billones de pesos.
Este descenso del 48% en la contribución económica se vincula directamente con la reducción en los niveles de producción de petróleo y minerales. Mac Master atribuyó este comportamiento a decisiones de carácter político y administrativo del Gobierno Nacional, señalando que Colombia presenta una tendencia de retracción frente a la dinámica global de fortalecimiento de posiciones energéticas y minerales.
La discusión técnica en el foro identificó un déficit proyectado de 3.000 megavatios (MW) de energía en firme para el cierre de la década. Ante este escenario, la ANDI planteó las siguientes rutas de acción técnica:
Para mitigar el déficit proyectado de 3.000 MW de energía en firme, la propuesta técnica se centra en tres ejes operativos inmediatos: la reactivación de infraestructura existente, como las plantas de Termo Cartagena y Termo Guajira, y la apertura de subastas de cargo por confiabilidad que permitan a las centrales que hoy operan en el mercado spot transitar hacia contratos de largo plazo, garantizando seguridad en el suministro.
Esta estrategia responde a una limitación cronológica de la matriz energética, donde la construcción de hidroeléctricas requiere un horizonte de 10 años, mientras que el montaje de plantas térmicas con turbinas disponibles puede ejecutarse en un periodo estimado de 1 año, ofreciendo una solución de corto plazo para la estabilidad del sistema nacional.
Pese a la coyuntura de precios internacionales al alza, impulsada por el conflicto en Medio Oriente, la capacidad de Colombia para captar mayores recursos se ve limitada por la reducción en el volumen de exportación. En cuanto al suministro de gas natural, la industria privada enfatizó la necesidad de asegurar la autosuficiencia para evitar el encarecimiento de las tarifas residenciales e industriales.