"Podemos dar fe de que la paz total fracasó rotundamente en las carreteras», dice la Presidenta de Colfecar Nidya Hernández.
En el marco de su cumbre gremial en Cartagena, la presidenta de Colfecar, Nydia Hernández, presentó un severo diagnóstico sobre la competitividad logística del país, asediada por la violencia en carreteras, el deterioro de la malla vial y la asfixia regulatoria.
En Colombia nada ocurre si las ruedas de un camión no giran. Desde el café matutino hasta el suministro hospitalario y los paquetes del comercio electrónico dependen de una cadena invisible de 400.000 vehículos que recorre la geografía nacional.
Sin embargo, ese engranaje que representa la columna vertebral de la economía atraviesa una de las coyunturas más difíciles de su historia reciente. Durante la instalación del Congreso Nacional de Colfecar en Cartagena de Indias, la presidenta ejecutiva del gremio, Nydia Hernández Jiménez, presentó un balance sobre el estado del transporte de carga y la logística.
Hernández combinó el rigor estadístico con un enérgico llamado de atención institucional, señalando que la falta de garantías en seguridad, la parálisis de infraestructura estratégica y los rezagos normativos están socavando la rentabilidad y sostenibilidad del sector.
Uno de los primeros focos de alarma encendidos por Colfecar radica en la estructura operativa del parque automotor. Colombia ostenta hoy la flota de carga más antigua de la región, una situación agravada tras la eliminación del esquema tributario IVA CREI, que permitía a los pequeños propietarios adquirir vehículos nuevos sin gravar el impuesto.
La realidad vial fue ilustrada con crudeza: la autopista Bogotá-Medellín sumida en el deterioro; la vía al Llano con 188 puntos críticos donde la inversión pública solo alcanzó a mitigar el 11 %;
Esta restricción impacta de lleno al tejido social transportador, puesto que el 97 % del parque automotor nacional pertenece a propietarios que poseen entre uno y tres camiones. A esta obsolescencia mecánica se suma un déficit humano de proporciones estructurales: la escasez crítica de conductores profesionales. Según las estimaciones del gremio, el promedio de edad de los choferes en Colombia bordea los 45 años, evidenciando una nula tasa de relevo generacional. Hernández subrayó que las empresas privadas han debido asumir por cuenta propia la formación de tripulaciones ante la pasividad de los entes estatales.
Frente a ello, la dirigente propuso una articulación urgente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): «Aportamos sumas millonarias n parafiscales; es indispensable que el Estado forme conductores de carga pesada y que, una vez egresados y certificados, se les entregue la licencia de conducción de forma gratuita para derribar las costosas barreras de acceso actuales».
En su intervención, ante mas de 3000 asistentes al Congreso, Hernández rechazó de plano los señalamientos que pretenden encasillar a las empresas de transporte habilitadas —más de 4.300 en el país— como meros intermediarios especulativos. La líder gremial argumentó que estas organizaciones asumen el riesgo integral de la operación: «El camión no ha encendido el motor y las empresas ya han girado el 70 % del anticipo del flete, asumiendo por mandato legal la cancelación del saldo a cinco días, un esquema de apalancamiento financiero único en el aparato productivo».
Asimismo, expuso cómo los anacronismos jurídicos continúan desangrando financieramente a los operadores de paquetería y última milla. Con la vigencia de la Ley 1369 de 2009, diseñada originalmente para cartas físicas y correspondencia postal tradicional, se ató la fiscalización al peso de la encomienda y no a su naturaleza logística moderna. Esto obliga a las firmas de comercio electrónico a soportar una doble tributación y doble reporte ante el Ministerio de Transporte y el Ministerio de las TIC, restando eficiencia y margen en un segmento que crece a ritmos de dos dígitos.
De igual modo, aclaró que, aunque las estadísticas oficiales muestran un alza en el volumen de toneladas registradas en el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) en 2025, esto no obedece a un florecimiento de la producción real, sino a una mayor fiscalización sobre los viajes urbanos que antes no estaban obligados a reportarse.
El Vicepresidente de la República José Manuel Restrepo dijo ante los asistentes del Congreso de Colfecar que desde 2023 la inseguridad ha costado 12,4 billones de pesos, el 20 % del PIB del país.
Infraestructura fallida y aislamiento territorial
El análisis de la infraestructura vial reveló profundas cicatrices en las troncales de conexión nacional. Hernández cuestionó las promesas gubernamentales de megaproyectos ferroviales inviables —como trenes elevados interoceánicos— frente a la incapacidad real de mantener transitables corredores básicos.
La realidad vial fue ilustrada con crudeza: la autopista Bogotá-Medellín sumida en el deterioro; la vía al Llano con 188 puntos críticos donde la inversión pública solo alcanzó a mitigar el 11 %; pasos provisionales con puentes militares en Norte de Santander que ya completan años sin obras definitivas; y el colapso del viaducto Los Grillos en septiembre de 2025, cuya rehabilitación sigue pendiente. A este aislamiento progresivo se le suma la parálisis comercial: las restricciones de circulación en fines de semana festivos despojan a los transportadores de 19 días productivos al año.
Seguridad en jaque: el fracaso de la «paz total»
El saldo de este hostigamiento sistemático asciende a 273 eventos terroristas en el periodo: 158 automotores incinerados , 115 tractomulas de carga pesada y 43 vehículos de transporte de pasajeros.
El aspecto más sensible y alarmante de la plenaria fue el deterioro de la seguridad en las carreteras. De acuerdo con las cifras consolidadas por Colfecar, entre 2022 y 2026 los grupos alzados en armas aumentaron su presencia territorial en un 90 %, operando abiertamente en 804 municipios. «Podemos dar fe de que la paz total fracasó rotundamente en las carreteras», aseveró la titular del gremio.
El saldo de este hostigamiento sistemático asciende a 273 eventos terroristas en el periodo: 158 automotores incinerados (115 tractomulas de carga pesada y 43 vehículos de transporte de pasajeros), 56 personas asesinadas en carretera y 86 atentados con artefactos explosivos detonados en la red vial primaria. Los departamentos más golpeados por el terrorismo vial corresponden a Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Chocó y Cesar.
A este panorama se suma el desvío de los recursos del Fondo de Seguridad Vial (Fosevi) hacia proyectos inoperantes de cámaras de fotomultas, mientras los escuadrones viales de la Fuerza Pública carecen de parque automotor, armamento e inteligencia.
Hernández cerró su intervención exigiendo que el 100 % de los fondos de seguridad se destinen a fortalecer al Ejército y la Policía, reactivar la línea de auxilio #767 y poner freno a los 2.841 bloqueos sociales que han asfixiado el tránsito de mercancías en el cuatrienio. Sin seguridad física y jurídica en las vías, el abastecimiento del país permanecerá al borde del abismo. El evento terminó hoy viernes en Cartagena.
