- Tras más de cinco meses de diálogos infructuosos, el Gobierno Nacional ha desatendido las demandas del sector arrocero, priorizando en algunos casos los intereses de la industria sobre las necesidades de los pequeños productores.
La crisis que enfrenta el sector, lejos de ser reciente, se ha profundizado, deteriorando la rentabilidad de los cultivadores y el bienestar económico de miles de familias que dependen de esta actividad, poniendo en riesgo la estabilidad financiera en más de 210 municipios del país.
A esto se suma la reducción arbitraria e injustificada de los precios del arroz en cáscara, que los agricultores venden directamente a la industria molinera, está llevando a la quiebra a pequeños y medianos productores, quienes afrontan pérdidas cercanas a los dos millones de pesos por hectárea cosechada, poniendo en riesgo su estabilidad económica y la continuidad de su actividad.
Para leer y complementar. Desafíos en común de la banca privada y el Ministerio de Agricultura
Ante esta situación crítica, el campesino colombiano debe ser una prioridad para el Gobierno Nacional. Por ello, requerimos soluciones inmediatas, sin dilataciones ni prolongadas formulaciones de políticas. El cambio y los alivios económicos deben implementarse de manera urgente para frenar el deterioro financiero de quienes cultivan el arroz, un producto esencial en la despensa agrícola del país y en gran parte fundamental en la economía rural.
La falta de respuestas efectivas por parte del Gobierno Nacional deja a los productores arroceros sin otra alternativa que convocar una movilización nacional indefinida, que iniciará el lunes 3 de marzo a las 7:00 am, con concentraciones en las principales zonas arroceras del país.
Dentro del pliego de peticiones se encuentra, Ajuste inmediato en los precios del arroz en cáscara: El precio actual de $185.000 por carga (125 kg) no cubre los costos de producción, generando pérdidas de hasta $2.000.000 por hectárea. Exigen la fijación de un precio mínimo de $220.000 por carga que garantice la rentabilidad de los agricultores.
Alivio a las deudas del sector: Implementación de una política de reprogramación de deudas con la banca y el agro comercio, condonación parcial de capital, reducción de intereses y acceso a líneas de crédito con tasas preferenciales.
Protección frente a los tratados de libre comercio: Aplicación de salvaguardias comerciales para evitar la competencia desleal por importaciones de arroz desde Estados Unidos, Ecuador y Perú, así como la revisión de los acuerdos comerciales con estos países