Cartagena fue escenario de socialización del proyecto de Resolución 705 011 de 2025 de la CREG
Por : Daniela Romero R.
En el marco de la actualización del régimen de protección a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) desarrolló en Cartagena un taller participativo para socializar el proyecto de Resolución 705 011 de 2025, una iniciativa que busca modernizar las reglas que rigen la relación entre usuarios y prestadores del servicio.
El encuentro reunió a representantes de empresas de servicios públicos, usuarios, líderes sociales, vocales de control, entidades gubernamentales y organismos de vigilancia, quienes participaron activamente en mesas de trabajo diseñadas para recoger aportes y construir de manera conjunta el nuevo marco regulatorio.
Durante la apertura, el comisionado experto de la CREG, William Mercado, destacó la importancia de este proceso participativo, señalando que el objetivo es “empoderar al usuario para que conozca y ejerza sus derechos, no solo ante las empresas prestadoras, sino también ante las entidades de control”. Asimismo, explicó que este nuevo enfoque busca dejar atrás los modelos tradicionales de regulación, acercando las decisiones a las comunidades.
La regulación de movilidad eléctrica en Colombia se construye con diálogo técnico y articulación institucional.
La CREG abre este espacio clave con actores del sector para aportar insumos reales a la regulación.
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Por su parte, la comisionada Fanny Guerrero resaltó la alta participación y el interés de los asistentes, indicando que este ejercicio marca un momento clave para el país, ya que el régimen vigente establecido hace más de dos décadas requiere ajustes frente a las nuevas dinámicas del sector energético.
“Hoy el usuario ya no es un actor pasivo. Puede ser también generador y comercializador de energía, lo que exige un marco normativo actualizado que reconozca estos nuevos roles”, afirmó Guerrero.
El proyecto de Resolución 705 011 contempla la actualización de derechos, deberes y obligaciones tanto de los usuarios como de las empresas prestadoras, con el propósito de garantizar una prestación del servicio más eficiente, transparente y confiable. Además, incorpora nuevos mecanismos para facilitar los procesos de reclamación y fortalecer la confianza entre las partes.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la inclusión de nuevos tipos de usuarios, como los autogeneradores, las comunidades energéticas y aquellos vinculados a sistemas de medición inteligente, reflejando así la evolución del sector hacia modelos más sostenibles y participativos.
El Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, abordó temas críticos para la seguridad energética del país, centrándose especialmente en el papel de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la protección de los usuarios.
El Ministro Camacho destacó que para el Gobierno Nacional, el ciudadano es el eje fundamental en la construcción de todas las políticas de servicios públicos. En relación con la CREG, señaló que se están desarrollando talleres y espacios de conversación directamente con los usuarios en Cartagena para debatir un nuevo régimen de protección.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, busca fortalecer la participación democrática mediante la creación de una reglamentación definitiva que garantice el derecho constitucional de los ciudadanos a intervenir en las decisiones que impactan la prestación de sus servicios. Esta iniciativa tiene un sólido fundamento constitucional, ya que busca dar cumplimiento estricto al Artículo 2 y al preámbulo de la Constitución Política, logrando que estos principios fundamentales se integren y se apliquen en todas las normas que rigen el sector de energía y gas en el país.
Durante la jornada en Cartagena, se desarrollaron espacios de construcción colectiva y herramientas metodológicas como mapas de empoderamiento para recoger los insumos necesarios en la creación de un nuevo régimen de protección al usuario. El proceso, que se ejecutará en diversas fases, cerró con una intervención directa de líderes comunitarios ante el Ministro y los miembros de la CREG, quienes presentaron sus quejas y propuestas con el fin de transformar estructuralmente la calidad de los servicios públicos domiciliarios en el territorio.
MInistro y Naturgas.
El encargado de la Cartera de Minas , participo en la inauguracion del Congreso de Naturas, donde reafirmó la postura del Gobierno Nacional de no suscribir nuevos contratos de exploración ni implementar el uso del fracking, argumentando que estas decisiones responden al mandato popular integrado en el Plan Nacional de Desarrollo.
Frente a las proyecciones que advierten sobre el agotamiento de las reservas de gas en un periodo de seis años, el funcionario instó a las compañías del sector a agilizar el desarrollo de las áreas que ya han sido asignadas pero que aún no cuentan con inversiones efectivas. En este sentido, destacó la protección del proyecto Sirius Offshore como un pilar fundamental para la soberanía gasífera del país a largo plazo, complementado por una ruta de 20 medidas estratégicas diseñadas junto al gremio para prevenir cualquier desabastecimiento durante el año en curso.
Preguntado por Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), enfatizó la importancia de mantener un monitoreo riguroso y constante para evitar la acumulación de déficits fiscales similares a los registrados en administraciones previas.
El Ministro explicó que la actual volatilidad en los costos de la gasolina y el diésel está estrechamente ligada a factores externos y conflictos internacionales, citando específicamente las tensiones entre Israel e Irán. Estas variables geopolíticas afectan de manera directa la fórmula de precios en Colombia, lo que obliga al Estado a priorizar decisiones financieramente responsables.
En relación a la problemática energética en la región Caribe fue calificada por el Ministro como un problema de interés nacional y no como una crisis meramente regional, dada la inestabilidad histórica en la prestación del servicio en sus siete departamentos.
Respecto a las empresas Air-e y Afinia, se precisó que su futuro jurídico recae bajo la competencia del Superintendente de Servicios Públicos. El Ministerio busca coordinar acciones conjuntas con la Superintendencia para mitigar el impacto de un “cóctel” de factores de riesgo, entre los que se encuentran los efectos climáticos del Fenómeno del Niño, el alza en los combustibles y la crisis operativa de las comercializadoras locales.
Finalmente, el Gobierno confirmó la continuidad de las mesas técnicas con Venezuela para tratar asuntos relacionados con el gas natural y el suministro de GLP. Sobre el caso de Monómeros, el Ministro señaló que, si bien el interés de Venezuela por vender la compañía ha disminuido debido al valor estratégico de los fertilizantes en el mercado global, para Colombia sigue siendo un objetivo primordial asegurar el acceso a insumos a bajo costo. Esta estrategia busca proteger la soberanía alimentaria del país y contener las presiones inflacionarias derivadas de la producción agrícola.