En la subregión de los Montes de María, el conflicto armado, el desplazamiento forzado y las barreras de acceso a la justicia han operado como un multiplicador de vulnerabilidades para la población femenina.
Entre 2024 y el primer semestre de 2026, una iniciativa de intervención comunitaria logró que más de 200 mujeres de María La Baja, Mahates y San Juan Nepomuceno (Bolívar) recibieron acompañamiento psicojurídico para enfrentar agresiones en sus territorios. Los datos del proyecto revelan que establecer rutas de atención locales no solo rompe el subregistro de agresiones en zonas rurales, sino que detona un fenómeno clave para la paz territorial: la integración activa de hombres campesinos en la prevención de la violencia.
En la subregión de los Montes de María, el conflicto armado, el desplazamiento forzado y las barreras de acceso a la justicia han operado como un multiplicador de vulnerabilidades para la población femenina. Durante décadas, el aislamiento geográfico e institucional se tradujo en un silencio estadístico: las víctimas no denunciaban porque desconocían las rutas del Estado o no contaban con apoyo psicológico cercano.
Para mitigar esta brecha, entre 2024 y 2026 se ejecutó la segunda fase del proyecto “Promover el ejercicio de los Derechos Humanos y la Cultura de Paz para la prevención y atención de las violencias basadas en género en los Montes de María”. La recolección y aplicación de los datos fue diseñda por Ayuda en Acción Colombia, la Corporación de Desarrollo Solidario (CDS) y la Red de Mujeres Rurales del Norte de Bolívar, con financiamiento de la cooperación andaluza (AACID).
La estrategia central del proyecto fue la creación de los Centros de Escucha “Comadreando entre Mujeres”. En estos espacios, la comunidad aplicó metodologías de mapeo de riesgos (una herramienta cartográfica y social donde los propios habitantes identifican en qué lugares y situaciones están más expuestos al peligro) y brindó orientación a más de 200 ciudadanas.
Allí se abordó de frente la violencia basada en género (VBG), un término técnico que define cualquier acto que cause daño físico, sexual, psicológico o económico a una persona específicamente por su género, un fenómeno que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas.
“En nuestras comunidades hay mujeres que durante años guardaron silencio porque pensaban que lo que vivían era normal o porque no sabían dónde buscar ayuda”, afirmó Julieth Ospino, lideresa de Mahates. Para ella, los centros funcionaron como un nodo de confianza: al conocer sus derechos, las mujeres comprendieron que la violencia no es una condición natural, sino un delito que requiere una red de apoyo para ser enfrentado.
Los procesos formativos también impulsaron perfiles como el de Marlidez Belén Agámez López, quien consolidó herramientas de liderazgo para promover entornos seguros para las familias de su territorio. Sin embargo, el análisis de los resultados del proyecto arrojó una variable que superó las proyecciones iniciales: el comportamiento del segmento masculino.
La participación de los hombres en los procesos formativos desbordó las metas previstas gracias a la implementación de talleres sobre nuevas masculinidades. Este concepto sociológico se refiere al proceso de desaprender los roles machistas tradicionales (como la idea de que el hombre debe dominar o no puede mostrar emociones) para construir formas de ser hombre basadas en el respeto, la empatía y la corresponsabilidad en el hogar.
Eider Enrique Vega Torres, líder campesino de María La Baja, representa esta inflexión en la estadística comunitaria: “Yo crecí pensando que las mujeres estaban para obedecer y quedarse en la casa. Este proceso me hizo entender que los hombres también tenemos la responsabilidad de respetar, acompañar y defender sus derechos. Ese cambio empezó en mí y hoy quiero compartirlo”.
El impacto de la iniciativa no se limitó a la sociedad civil. El proyecto escaló sus datos a la institucionalidad, capacitando a funcionarios de las alcaldías de los tres municipios para optimizar sus protocolos de atención.
Como concluye Diana Quimbay, directora país de Ayuda en Acción Colombia: “La prevención requiere un compromiso colectivo. Los resultados demuestran que cuando mujeres, hombres, comunidades e instituciones trabajan de manera articulada es posible generar transformaciones sostenibles”.
Las metodologías transferidas a las alcaldías quedan ahora como insumos base para la formulación de futuras políticas públicas locales.