El Gobierno califica el sismo del 10 de agosto como la peor catástrofe en un siglo e inicia el “Plan Milagro” para atender a 466.000 damnificados en 497 municipios
El terremoto del pasado 10 de agosto dejó 466.606 personas damnificadas y 237.341 inmuebles residenciales afectados en 16 departamentos del país. Ante la Comisión Séptima del Senado, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán Martínez, catalogó el evento como la mayor catástrofe registrada en Colombia en el último siglo y presentó los avances del plan estatal para canalizar subsidios, remoción de escombros y reconstrucción urbana y rural.
El balance oficial presentado por la cartera de Vivienda consolida los reportes del Registro Único de Damnificados, administrado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). A diferencia de desastres focalizados en una sola ciudad —como el terremoto de Armenia en 1999 o la avenida torrencial de Mocoa en 2017—, el impacto actual compromete al 44% de los municipios del país (497 de 1.102), lo que exige una estrategia territorial diferenciada para viviendas urbanas, rurales y palafíticas (construcciones levantadas sobre pilotes de madera o concreto en zonas inundables).
El ministro Beltran martinez afirmó. “Cuando hablábamos de Armenia, estábamos focalizados en reconstruir Armenia. Cuando hablábamos de Mocoa, estábamos focalizados en recuperar Mocoa. Pero hoy estamos hablando de más de 16 departamentos que tienen afectaciones. Por lo tanto, hablar de una única solución es imposible. Tenemos que repensar y rediseñar lo que va a ser este proceso de reconstrucción, porque no se puede hablar de las mismas soluciones para las viviendas palafíticas, las viviendas rurales o las viviendas urbanas”.
Precisó que, a la fecha, las cifras oficiales registran 16 departamentos y 497 municipios afectados; 293.743 familias y 466.606 personas afectadas; 201.005 viviendas averiadas y 36.336 destruidas; 5.889 edificios averiados y 709 colapsados.
El balance del impacto habitacional, producto de los cruces de variables del Registro Único de Damnificados, evidencia una crisis de infraestructura masiva y descentralizada. Los reportes técnicos documentan 201.005 inmuebles con daños estructurales reparables, una cifra que contrasta de manera alarmante con las 36.336 viviendas destruidas en su totalidad. Esta devastación no se limitó a la vivienda tradicional; las edificaciones de gran escala, que por su altura y densidad poblacional representan un riesgo mayor, también sufrieron el rigor del movimiento telúrico, dejando un saldo de 5.889 edificios con averías considerables y 709 estructuras colapsadas por completo.
El Chocó merece un futuro con más oportunidades, vivienda digna y desarrollo. Desde el Gobierno nacional trabajamos junto al sector privado y las autoridades territoriales para avanzar en su reconstrucción y empezar a saldar una deuda histórica con sus comunidades. https://t.co/ekMAAX2Bii
— Minvivienda (@Minvivienda) September 7, 2026
Para responder a este panorama, el Gobierno ha estructurado el denominado Plan Milagro, una hoja de ruta dividida en tres etapas. La primera fase, centrada en la atención y evaluación, se extenderá hasta el 30 de septiembre bajo el liderazgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el sector privado.
Esta etapa prioriza el despliegue de maquinaria amarilla —término técnico para los equipos pesados como retroexcavadoras y volquetas usados en el despeje de vías—, la entrega de subsidios económicos mensuales por un periodo de tres a seis meses, y la consolidación de un banco de materiales que ya gestiona más de 1.000 toneladas. De manera simultánea, ingenieros patólogos estructurales —expertos en diagnosticar si los cimientos de una edificación son habitables, reforzables o requieren demolición controlada— evalúan el estado real de los inmuebles que siguen en pie.
Mientras culminan las labores de emergencia, ya se proyecta la segunda fase de recuperación y soluciones tempranas, la cual tiene una duración estimada de nueve meses. Su objetivo principal es articular más de 1.000 soluciones habitacionales inmediatas con empresas privadas y estructurar el “Fondo Milagro”, un vehículo financiero o cuenta matriz del Estado diseñada para administrar los recursos de la crisis. Esta etapa se complementa con la expedición urgente de decretos de emergencia para restablecer el acceso a agua y saneamiento básico en las zonas críticas.
Finalmente, la tercera fase se enfoca en la reconstrucción integral y la renovación urbana a largo plazo. Este último ciclo contempla la edificación de viviendas nuevas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), diseñadas con topes de precio para poblaciones vulnerables. Sin embargo, el plan introduce una medida inédita en la atención de catástrofes estatales: la inyección de subsidios e intervenciones para vivienda no VIS. Esta decisión busca cobijar por primera vez a las familias de estratos 4, 5 y 6 que perdieron sus hogares, apostando por una recuperación transversal de todo el tejido económico y urbano de los municipios afectados.