- Este miércoles, el presidente Gustavo Petro solicitó la renuncia de Ricardo Bonilla, quien se desempeñaba como ministro de Hacienday Crédito Público, en medio de un escándalo que lo vincula con la supuesta compra de votos de congresistas a través de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario expresó: “Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno. (…) Espero su renuncia porque ahora debe dedicarse a su defensa sin mancha de usar el poder en su defensa”.
Pocas horas después de este anuncio, Bonilla, quien había estado al frente de la cartera de Hacienda durante un año y medio, presentó su carta oficial de renuncia. Su salida se produce en un contexto de incertidumbre tanto económica como judicial, lo que añade una capa de complejidad a la situación política del país.
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Durante meses, el economista ha defendido su inocencia, acompañado de su equipo legal, y ha insistido en que todas sus acciones han estado alineadas con las necesidades y responsabilidades de su cargo. En su renuncia, Bonilla afirmó que se retira “con la frente en alto” y confiado en que podrá demostrar ante sus investigadores que no ha incurrido en delitos como la compra de “silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos”.
No obstante, la situación se complicó aún más el pasado domingo, cuando la Unidad Investigativa de Noticias Caracol divulgó audios en los que María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, declaró ante la Fiscalía que Bonilla estaba al tanto de un presunto entramado de corrupción que involucraba a su cartera, al Congreso y a funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del Gobierno Petro.
Estas revelaciones intensificaron la presión sobre el exministro Bonilla y han generado un clima de desconfianza en torno a la gestión del gobierno actual.
La renuncia de Ricardo Bonilla no solo marca un punto de inflexión en la administración de Gustavo Petro, sino que también plantea serias interrogantes sobre la estabilidad del gobierno y su capacidad para enfrentar las crisis económicas y judiciales que se avecinan. En un momento en que el país necesita una dirección clara y firme, la salida de un ministro clave como Bonilla podría tener repercusiones significativas en la confianza de los inversionistas y en la percepción pública del gobierno.
La situación exige una respuesta contundente y transparente por parte de las autoridades para restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que la gestión pública se mantenga libre de corrupción.