Las labores de búsqueda continúan bajo los escombros, por lo que las cifras mantienen una tendencia al alza según los registros consolidado
El sismo que sacudió al país deja un saldo trágico de 202 víctimas mortales y 1.679 heridos a la fecha.
La mayoria de las victimas esta en Cali y Pereira. Para gestionar la crisis, el Gobierno nacional declaró el estado de desastre nacional por un año y definió una hoja de ruta fiscal que descarta cargar el costo a los ciudadanos mediante nuevos impuestos, apostando en su lugar por la deuda externa y la creación del fondo de recuperación temporal denominado ‘SISMO 2026’.
El cruce de estas variables revela una estrategia de liquidez inmediata para las regiones afectadas que transfiere la presión fiscal hacia el endeudamiento internacional, evidenciando que el presupuesto general vigente no tiene el margen de maniobra necesario para absorber el costo de la reconstrucción por sí solo.
Las labores de búsqueda continúan bajo los escombros, por lo que las cifras mantienen una tendencia al alza según los registros consolidados por Asocapitales (Asociación Colombiana de Ciudades Capitales).
Esta magnitud de daño estructural y humano es la base legal que justifica la declaratoria de desastre nacional, un mecanismo jurídico excepcional que le permite al Estado saltarse los tiempos ordinarios de contratación pública para mover dinero y recursos de manera rápida frente a una emergencia. Esta medida tiene una vigencia inicial de un año, prorrogable por 12 meses adicionales si el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo lo aprueba, lo que proyecta un horizonte de reconstrucción a mediano plazo.
La operatividad de la respuesta institucional quedó a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Para garantizar el flujo transparente de capital, el decreto gubernamental ordena crear la subcuenta SISMO 2026.
Una subcuenta temporal es una herramienta contable que funciona como un “bolsillo” exclusivo; su propósito técnico es aislar el dinero de la emergencia del resto del presupuesto nacional para garantizar que sea auditable de principio a fin y no se desvíe hacia otros rubros. A través de este fondo específico, el Estado realizará transferencias monetarias, que son giros directos de dinero, a las alcaldías y gobernaciones para que ejecuten los planes de recuperación territorial.
Dado que el Ministerio de Hacienda confirmó la viabilidad de la respuesta sin una reforma tributaria, los recursos para nutrir este nuevo fondo provendrán estrictamente de dos fuentes internacionales.
Por un lado, se acudirá a créditos multilaterales, que son préstamos otorgados por bancos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo tasas de interés preferenciales por tratarse de una catástrofe. Por otro lado, se canalizará la ayuda internacional, compuesta por fondos no reembolsables o donaciones entregadas por otros gobiernos y organizaciones no gubernamentales.
Desde el Puesto de Mando Unificado, el presidente Abelardo De La Espriella liderará personalmente las acciones y la toma de decisiones para llevar soluciones a las poblaciones afectadas en el departamento del Chocó, el Eje Cafetero y las demás zonas del país que enfrentan las consecuencias del desastre natural.
El mandatario señaló que toda la capacidad del Gobierno estará concentrada en atender la emergencia, coordinar la respuesta institucional y acompañar a las comunidades que atraviesan este momento crítico.
“A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles, quiero decirles: no están solos. Tienen un presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas”, afirmó el jefe de Estado.
La decisión de suspender su agenda y asumir directamente la coordinación de la respuesta refleja su compromiso de mantener una presencia activa del Estado frente a las emergencias y de trabajar directamente por las regiones y las familias afectadas. En las próximas horas, el Ejecutivo publicará un segundo decreto declarando la Emergencia Económica.
Esta es una figura constitucional que le otorga al Presidente de la República facultades excepcionales para emitir decretos con fuerza de ley —es decir, normativas que normalmente tendrían que ser debatidas y aprobadas por el Congreso— por un tiempo limitado y con uso exclusivo para la crisis.
Mediante este mecanismo se tramitarán alivios tributarios, consistentes en la reducción o suspensión temporal del pago de impuestos, para los habitantes y empresas de las zonas devastadas, buscando reactivar la economía local.