La apertura del 28.º Congreso de Andesco en Cartagena reveló que, tras el sismo del 10 de agosto, las empresas operadoras restablecieron hasta el 98% del servicio en 24 horas; no obstante, el sector enfrenta una presión simultánea por la amenaza climática en 558 municipios y la urgencia de garantizar suficiencia financiera e inversión privada.
Dos coordenadas de discusión en la reuinon de Andesco marcan el camino. La resiliencia operativa frente a los desastres naturales y la vulnerabilidad regulatoria ante las demandas de inversión en infraestructura.
El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, expuso la severa encrucijada presupuestal que enfrenta su cartera para la vigencia 2027: un presupuesto nominal de $7 billones cuya operatividad real se encuentra virtualmente paralizada por rigideces normativas y compromisos previos.
Para sostener los programas de vivienda de interés social y la asignación de subsidios, la cartera solicitó una adición mínima de $2 billones ante el Congreso de la República. No obstante, el propio ministro reconoció la inviabilidad política y fiscal de una expansión de esa magnitud: «Tenemos que ser conscientes de que las finanzas del país están en una situación crítica. Hoy, así tengamos la motivación y las ganas, no hay forma de poder ampliar ese presupuesto», advirtió.
Frente a la alternativa de apalancamiento mediante el Fondo Milagro, de conseguir transferencias directas del Presupuesto General de la Nación, el ministerio trasladó la carga de la contingencia hacia vehículos financieros extrapresupuestales. La meta de estructurar 25.000 soluciones de vivienda en las zonas golpeadas por el terremoto del occidente del país dependerá del Fondo Milagro.
El despliegue técnico del programa contempla dos líneas de intervención. Vivienda industrializada: Módulos prefabricados de ensamblaje rápido diseñados para solventar el déficit habitacional en la ruralidad dispersa, reduciendo tiempos de construcción y costos logísticos de transporte. Subsidios focalizados: Coberturas directas a la cuota inicial o a la tasa de interés para proyectos de vivienda en cabeceras urbanas impactadas.
En el corto plazo, y como medida de choque para mitigar desplazamientos forzados o especulación inmobiliaria, la cartera ratificó la vigencia de medidas de protección a los damnificados: prohibición expresa de desalojos en las zonas declaradas en emergencia y fijación de topes tarifarios obligatorios en los cánones de arrendamiento, impidiendo incrementos por encima de los límites legales establecidos durante la fase de rehabilitación.
Bajo la premisa de que «el servicio más caro es el que no se tiene», Camilo Sánchez, presidente de Andesco, insistió en preservar la suficiencia financiera de las empresas —la capacidad de una compañía para recaudar las tarifas necesarias que cubran sus costos de operación, mantenimiento y expansión de redes—. La estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica surgieron como los pilares indispensables para viabilizar el capital privado, postura respaldada por el embajador de la Unión Europea, François Roudié.
La prueba de estrés tras el sismo
La capacidad de respuesta del sector se evaluó a partir de los datos consolidados tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Emcali (Cali): Registró cerca de 400.000 usuarios afectados y alcanzó una tasa de recuperación del 98% en las primeras 24 horas del evento. Dispac (Chocó): Reportó 111.000 usuarios sin fluido eléctrico; reestableció el 80% de la carga energética en un periodo de 12 horas mediante esquemas de soporte interempresarial. Aguas y Aguas (Pereira): Identificó 780 fallas en la red —incluidas 80 afectaciones en conducciones principales y 5 en tuberías matrices—, alcanzando un restablecimiento operativo de entre el 90% y el 92% al cabo de 72 horas.
El balance técnico constató la existencia de cuellos de botella por fallas en cascada: la interrupción de energía inutilizó torres de telecomunicaciones, lo que a su vez ralentizó las maniobras de campo del personal eléctrico.
Los operadores concluyeron que el país debe elevar la redundancia de la infraestructura —el diseño de rutas, generadores y sistemas alternativos duplicados que entran en funcionamiento automático cuando colapsa la red principal—.